La mina Marlin, de Guatemala, que pertenece a la compañía canadiense Goldcorp y es operada por la misma, ha sido una fuente de conflictos locales y controversia internacional por casi una década. La minería es un tema crucial frente a las elecciones guatemaltecas de septiembre de 2011, y continúa siendo un tema controversial en la política local. La mina ha sido altamente exitosa comercialmente para Goldcorp, y ha generado una substanciosa rentabilidad para sus accionistas, basándose en los precios globales del oro y la plata y en los bajos costos locales de producción.

Sin embargo, poco se ha investigado para evaluar los impactos ambientales de la actividad minera y las contribuciones económicas de la mina a las comunidades locales de Guatemala. Este informe del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente (GDAE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Tufts, escrito por la Investigadora Titular Asociada Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley, examina los beneficios económicos y los riesgos ambientales de la mina Marlin y su contribución al desarrollo sustentable en Guatemala.

Este informe cuenta con tres hallazgos centrales:

1. La participación del gobierno guatemalteco en las altas ganancias de Marlin es mínima. Guatemala recibe alrededor del 42% de los ingresos de la mina, y las comunidades locales reciben sólo alrededor del 5% del total de ingresos. Esto está substancialmente por debajo de las mejores prácticas de operaciones mundiales de minería.

2. El balance de los beneficios y riesgos de Marlin se ve altamente distorsionado en términos de ubicación y de tiempo. Si bien actualmente la mina genera significativos beneficios económicos, todos los beneficios se terminarán abruptamente en la fase de cierre, y las comunidades locales serán quienes soportarán todas las cargas ambientales. El riesgo ambiental que la mina Marlin representa para las comunidades locales es excepcionalmente alto y probablemente crezca durante el resto de la vida de la mina y durante la fase de post-cierre.

3. La mina Marlin está contribuyendo poco al desarrollo sustentable en Guatemala; una porción pequeña del ingreso de regalías e impuestos generados por la mina ha sido invertida en bienes públicos tales como educación, salud e infraestructura.

Zarsky y Stanley descubrieron que, en términos generales, los riesgos ambientales superan significativamente a los beneficios económicos de la mina. Ellos ofrecen varias recomendaciones tanto para Goldcorp como para el gobierno guatemalteco para aumentar la supervisión y la regulación de la minería y evaluar los riesgos ambientales para las comunidades locales cercanas a la mina, con un foco particular en la contaminación del agua. Los autores sugieren que la Ley de Minería de Guatemala debería ser reformada para obtener una mayor participación en los ingresos de la mina y otorgar una porción substancialmente mayor a las comunidades locales afectadas.